Gran inquietud entre las 630 familias afectadas, que han convocado una manifestación el próximo domingo 5 de septiembre, a las 19h, de Cibeles a Sol

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid convocó el pasado 30 de jullio una subasta de promociones completas de viviendas en arrendamiento, cuya adjudicación  está previsto realizar el 13 de septiembre próximo.

Se trata de cuatro promociones en Carabanchel (80 viviendas), Moratalaz (30), Sanchinarro (300) y Vallecas (220), que suman un total de 630 viviendas, habitadas en la actualidad por los inquilinos que fueron adjudicatarios entre los años 2003 y 2004.

El precio de licitación inicial de las cuatro promociones asciende a 64.380.000 euros, con un valor medio de 102.190 euros por vivienda, lo que representa más del triple de lo invertido por la EMVS en algunos casos (sin olvidar que los inquilinos han llegado a pagar ya más de la mitad de dicho coste)

Según declaraciones de portavoces de la EMVS, la operación sería para obtener fondos con los que construir nuevas promociones, aunque otras fuentes alegan que los motivos son para paliar en parte el déficit de más de 1.000 millones de euros que arrastra.

Cabría destacar las irregularidades y contradicciones de la operación que se intenta:

-          Se convoca el último día hábil antes del mes vacacional de agosto, al parecer sin el conocimiento de los consejeros de la empresa que tuvieron reunión el día anterior.

-          Existen errores en la legislación aplicable, lo que puede suponer modificaciones sustanciales en las condiciones de la subasta (características de los licitadores, plazos, etc)

-          Se abre un futuro incierto para las 630 familias actualmente residentes en régimen de alquiler, a las cuales se ofreció en los mismos contratos la posibilidad de adquirir con posterioridad sus viviendas. Los importes de futuros alquileres o venta se verán incrementados por la lógica mercantilista, de obtención del máximo beneficio, en lugar de los criterios sociales que debe presidir la política de vivienda protegida.

-          No es creíble el objetivo de obtención de ingresos para afrontar nuevas promociones, con la deuda tan abultada que arrastra la EMVS (¿deuda de la propia EMVS o endosada por el Ayuntamiento de Madrid?). Y en esta situación de déficit, extraña el elevado coste social de la medida para unos ingresos previstos tan limitados; parece más bien que la operación tiene la finalidad de privatizar de nuevo otra actividad que hasta ahora tenía carácter público, poniendo en el mercado unas viviendas, con inquilino y todo, para que las empresas especulativas obtengan plusvalías.

-          La EMVS podría ofrecer a los actuales inquilinos la adquisición de sus viviendas por una cantidad similar a la que ofrece en la subasta. Con dichos precios la respuesta de los afectados sería sn duda positiva, y de esta manera la EMVS cumpliría sus objetivos recaudatorios. No hacer esto muestra una actitud mezquina por parte de los gestores, impropia de un organismo público, y deja a las claras el objetivo encubierto de ofrecer a las constructoras, colaboradoras con la gestión de Gallardón, una nueva fuente de beneficios especulativos.

Resulta inadmisible que una administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Madrid presidido por Ruiz Gallardón, pretenda vender a la iniciativa privada, incluso fondos de inversión, unas promociones de vivienda de protección pública, actualmente habitadas, construidas en suelo público y con dinero público, fomentando la especulación privada con la política de vivienda protegida.

Conviene recordar que la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, tiene la potestad para autorizar o no la enajenación que ahora se pretende, por lo que tiene también una responsabilidad compartida en la operación.

EN DEFENSA DE LOS VECINOS: POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA

POR EL MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO PÚBLICO: NO A LA ESPECULACIÓN

MANIFESTACIÓN VECINAL: Domingo 5 de septiembre, 19h CIBELES - SOL

http://www.carabanchelalto.org/aavv/article.php3?id_article=1006 

Nueve movilizaciones vecinales y la instalación de decenas de mesas informativas en varios distritos de la capital anunciaban, el pasado 13 de mayo, la convocatoria de una nueva movilización promovida por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) en defensa de la calidad de la sanidad pública madrileña que se llevará a cabo el 1 de junio a las 19h. desde Atocha hasta la Puerta del Sol.

Como en la canción, a juicio de Pepe Cabanillas, responsable de Sanidad de la Federación Vecinal, sobran los motivos. “A un año del final de la legislatura y a pesar de las promesas de Esperanza Aguirre, lejos de mejorar, la calidad de la asistencia sanitaria madrileña ha empeorado notablemente -denuncia Cabanillas-. Las listas de espera -apunta- no dejan de crecer llegando a afectar a los médicos de cabecera. De los 55 centros de salud comprometidos, 28 aún están en el aire a pesar de que algunos de ellos tienen redactados los proyectos y cuentan con suelo disponible, cedidos por los respectivos ayuntamientos a tal efecto. Además, la congelación de la contratación de personal sanitario se traduce en la práctica en reducción de la plantilla disponible, porque las plazas de los médicos jubilados no se llegan a cubrir, un problema que -remata- ya ha sido denunciado por el propio Defensor del Paciente”.

Todo esto tiene, en palabras de Cabanillas, una clara explicación: “Madrid es la segunda comunidad autónoma que menos invierte en sanidad por habitante. La región destina 1.108 euros por persona al año, 236 menos que la media estatal. Un 18% menos. Y eso -concluye-, sumado a las crecientes partidas presupuestarias destinadas a financiar la sanidad privada se está dejando notar en la calidad de la asistencia que reciben las vecinas y vecinos de nuestra región”.

Estas y otras causas justifican la movilización que la FRAVM ha convocado para el 1 de junio. “Vivimos momentos convulsos que nos obligan a salir a la calle para evitar que seamos los de siempre quienes paguemos las consecuencias de la crisis económica -apunta Cabanillas- pero, entre tanto, la privatización de la sanidad pública no se detiene. Y las organizaciones sociales también estamos obligadas a dar respuesta a este embate. Estamos obligadas a traducir la queja individual, la que escuchamos todos los días en los centros de salud, en los lugares de trabajo, en el barrio… en protesta organizada. De lo contrario, corremos el riesgo de responder tarde. De llegar sólo para certificar la defunción de una sanidad pública que conquistamos con nuestra lucha y que, aún, sigue siendo un servicio público ejemplar que sirve de ejemplo a muchos países”.