El pasado día 28 de abril, trabajadores de los hospitales franceses se manifestaron en protesta contra la privatización y mercantilización de la Sanidad Pública.

El personal del sector hospitalario francés salió hoy a las calles de París para protestar contra la reforma que pretende llevar a cabo la ministra de Sanidad, Roselyne Bachelot, al considerar que atenta contra el interés de la medicina y pone en peligro el servicio público que prestan en la actualidad los hospitales. Entre 8.000 y 20.000 personas desfilaron por la capital francesa hasta llegar al Senado, donde el proyecto de ley será debatido el próximo 11 de mayo. Según el sindicato Asistencia Pública-Hospitales de París (AP-HP), el 75% del personal médico se ha movilizado en contra de la reforma y el 50% se ha puesto en huelga. La comunidad hospitalaria había sido convocada hoy en París contra la llamada ‘Ley Bachelot’ que contempla algunas disposiciones que el sector juzga contrarias a la "ética médica" y "peligrosas para el futuro del hospital público y la calidad de la atención que se proporciona a la población".

Los huelguistas quieren que el Gobierno revise el proyecto de ley ‘Hospital, pacientes, salud, territorios’ que para sus detractores supone una "deriva mercantil" de la medicina hospitalaria al dar plenos poderes a los directores de los centros en detrimento del personal médico.

Temen también que la introducción de criterios empresariales en la gestión hospitalaria relegue a un segundo plano los servicios menos rentables, con las consiguientes consecuencias negativas para los pacientes asignados a este tipo de servicios.

‘Por la calidad y la igualdad de acceso a los cuidados, defendamos el hospital público. Contra la supresión de empleos. Contra el hospital-empresa’, se podía leer en algunas de las pancartas de los manifestantes.

Eran muchos también los que portaban carteles emulando los mensajes que figuran en las cajetillas de tabaco con el eslógan ‘La ley Bachetot perjudica seriamente la salud’. Junto a los sindicalistas se manifestaron también grandes eminencias de la medicina francesa, un hecho poco habitual.

Adoptado en primera lectura en la Asamblea Nacional, la mayoría parlamentaria intenta aplacar las críticas garantizando que el texto sufrirá importantes modificaciones a su paso por la Cámara Alta, pero mantiene la voluntad de reforzar el poder de los directores de hospital, tal y como desea el propio presidente Sarkozy.

Entre otras cosas, la reforma prevé agrupar los establecimientos sanitarios en "comunidades hospitalarias" transformando los consejos de administración en consejos de vigilancia encargados de velar por el equilibrio financiero con un nuevo director con más poder.
 

Fuente: EuropaPress  ( imagen de liberation.fr)

En su página web la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, publica un informe fechado en 16 de abril de este año que nos parece de sumo interés. Lo publicamos en su integridad, pinchando como siempre en la imagen.

Fuente:FADSP y  Bolinf

Un mes después de haber presentado sus quejas a la dirección gerencia del nuevo Hospital de Puerta de Hierro, en Majadahonda (Madrid), la Asociación de Trabajadores de Urgencias (AMURG) ha vuelto a recurrir a los medios de comunicación para denunciar tal silencio y, sobre todo, para dar a conocer las necesidades concretas de la unidad. Según parece, después de la denuncia pública de hace unos días, se ha solucionado el problema de la comida de los pacientes, pero ninguna otra cosa, como lo ponen de manifiesto los múltiples desperfectos o aparatos rotos (v. Foto). Además, existe la impresión de que la dirección les ningunea por no utilizar los cauces adecuados, como serían los representantes sindicales o los responsables del servicio. Es decir, siempre existen excusas para los responsables de la gestión del negocio que no quieren saber de la asistencia. La única esperanza es que comiencen las preguntas parlamentarias en la Asamblea de Madrid a ver si hay respuesta.
 

Fuente: Acta Sanitaria

El Defensor del Ciudadano de Aranjuez, Eduardo García, ha emitido un informe en el que reclama de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que "defina con claridad" cuál va a ser el futuro del laboratorio del antiguo Centro de Especialidades de Aranjuez.

García dice que en el futuro macrolaboratorio central que la Consejería de Sanidad tiene previsto habilitar en el Hospital del Norte se acumularán tal cantidad de muestras que "hará prácticamente imposible un control técnico exhaustivo" de las mismas.

El Defensor resalta además el grado de excelencia demostrado hasta ahora por el laboratorio de análisis clínicos del ya antiguo Centro de Especialidades de Aranjuez.

De otra parte, García acusa a la Comunidad de Madrid de incumplir el acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad, celebrada el pasado 7 de noviembre de 2007, que establecía el régimen de funcionamiento del Centro de Especialidades de Aranjuez una vez abierto el Hospital del Tajo, y se comprometía a mantener el laboratorio de especialidades como el encargado de la realización de los análisis clínicos del hospital.

Sobre el Hospital del Tajo, el Defensor del Ciudadano destaca las denuncias recibidas en su oficina debido a la mala coordinación entre la parte administrativa y la sanitaria del centro, motivada por la gestión mixta del mismo.

García pide a la Consejería de Sanidad que "tenga presente" y "estudie con atención" el acuerdo institucional del Ayuntamiento de Aranjuez, tomado el día 21 de Abril de 2009, en el que se reclamaba por parte de todos los grupos políticos que se mantuviera en funcionamiento el laboratorio del Centro de Especialidades de Aranjuez.

Fuente:ADN

En esta, como en otras ocasiones, desde el Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad (MATS) mostramos nuestra solidaridad, colaboración y apoyo sin condiciones, a los compañeros del Severo encabezados por Luis Montes

Querido/a amigo/a:
Apenas hace unos meses, la idea de  poder llevar a Lamela al banquillo de los acusados parecía un sueño imposible. Hoy es una realidad: el día 9 de junio, el ex consejero Lamela y su cohorte de “expertos médicos” tendrán que responder, ante la titular del Juzgado nº 43 de Madrid, de la acusación de denuncia falsa en el tristemente famoso caso de las sedaciones, supuestamente irregulares, a pacientes terminales.

La inocencia del doctor Luis Montes y sus compañeros de la Urgencia del Severo Ochoa, hoy felizmente declarada por la Justicia, no habría servido de nada sin su empeño decidido en defenderla. A nadie se le regala nada, ni siquiera en democracia.

También es verdad que el apoyo de muchos miles de ciudadanos y ciudadanas progresistas, o simplemente decentes, fue crucial para conseguir ese reconocimiento por los tribunales. Vuestro constante y público apoyo, manifestó a las claras vuestra convicción de que la lucha del Severo Ochoa significaba mucho más que la defensa de la dignidad de unos profesionales calumniosamente acusados.

Ese apoyo ha contribuido también a la defensa del derecho ciudadano a la sedación terminal que Lamela y sus secuaces mediáticos – La COPE de los Obispos, el Mundo y la Razón– pusieron en entredicho con sus mentiras interesadas.

La valentía de resistir al poder inclemente del PP, decidido a terminar con ellos y con su forma de entender el ejercicio de la medicina, desde el compromiso técnico y, sobre todo ciudadano, han sido un ejemplo de dignidad y la demostración de que ningún poder es invencible si se tiene suficiente determinación para resistirle.

Ahora ha llegado el momento de enseñarles una lección más: la de que en un Estado de Derecho ningún atropello, sobre todo si viene desde el poder, puede quedar impune. Nos va en ello no sólo nuestra dignidad ciudadana, también la defensa de los valores y derechos democráticos que han pisoteado y que tan hipócritamente reclaman últimamente para sí mismos.

Durante estos años hemos recibido constantes mensajes interesándoos en la forma de colaborar con nuestra lucha, que también consideráis vuestra. Ha llegado felizmente, el momento de materializar esa colaboración:
Una, con tu aportación económica para poder mantener un proceso judicial tan largo y costoso como el que se inicia. Ellos cuentan con todos los medios y no van a dudar en poner a su servicio los recursos que son de todos nosotros.

Otra, no menos importante, difundiendo este correo a todos tus contactos. Este país está afortunadamente lleno de personas, grupos y asociaciones progresistas que deben conocer esta petición de ayuda para hacer pagar su indecencia a Lamela, sus mercenarios “expertos” y también a la Razón, la COPE y el Mundo que ensucian cada día la democracia.

De ambas maneras esperamos poder contar con tu colaboración y la de tu entorno en esta lucha de autodefensa ciudadana.
Agradecidos de antemano

La Asociación para la Defensa del Hospital Severo Ochoa

Si sentiste como propia la agresión de Lamela y sus secuaces.
Si crees que es un ejercicio de autodefensa ciudadana hacerles pagar por lo que hicieron.
Si no  estás dispuesto a consentir que nuestra falta de medios económicos permita su impunidad…

Reenvía este correo a todos tus contactos
 y difunde su contenido.

Si finalmente conseguimos hacerle pagar por su atropello, Lamela sabrá que ha sido gracias a la contribución de miles de ciudadanos que detestan todo lo que él significa.

¡CON TU AYUDA, PODEMOS. NO TE QUEPA DUDA!

JOSÉ MIGUEL GÓMEZ VILLANUEVA. 29.04.2009

Ha dicho la presidenta de Madrid que es indecente que mientras la inflación es -1%, los funcionarios, además de tener plaza fija, tengan una subida salarial del 5% (gran mentira por cierto). Objetivo, congelarles el sueldo.

Indecente es que un catedrático de Universidad o un cirujano de la sanidad pública ganen menos que el concejal de festejos de un ayuntamiento de tercera

Me gustaría transmitirle a esta Sra. lo que considero indecente: Indecente es que el salario mínimo de un trabajador sea de 624 €/mes y el de un diputado 3.996 pudiendo llegar con dietas y otras prebendas a 6.500 €/mes; indecente es que un catedrático de Universidad o un cirujano de la sanidad pública ganen menos que el concejal de festejos de un ayuntamiento de tercera; indecente es que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca, (siempre por unanimidad, por supuesto y al inicio de la legislatura); indecente es comparar la jubilación de un diputado y el de una viuda; indecente es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a los diputados les baste con siete y los miembros del gobierno para cobrar la pensión máxima solo necesiten jurar el cargo.

Indecente es que los diputados sean los únicos trabajadores (¿?) de este país exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF; indecente es colocar en la administración miles de asesores, amigotes con sueldos que ya desearían los técnicos más cualificados; indecente es el millonario gasto en mediocres TV autonómicas creadas al servicio de la pervivencia en el trono de políticos más mediocres; indecente es el ingente dinero destinado a sostener los partidos aprobado por los mismos políticos que viven de ellos; indecente es que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo (y no digamos intelectual o cultural).

Indecente es el coste que representan a los ciudadanos sus comidas, coches oficiales, chóferes, viajes siempre en gran clase y tarjetas de crédito por doquier; que sus señorías tengan seis meses de vacaciones al año; que sus señorías cuando cesan en el cargo tengan un colchón del 80% del sueldo durante 18 meses; que ex ministros, ex secretarios de Estado y altos cargos cuando cesan son los únicos ciudadanos que pueden legalmente percibir dos salarios del erario público; indecente es que se utilice a los medios para transmitir a la sociedad que los funcionarios solo representan un coste para el bolsillo de los ciudadanos; indecente es que nos oculten sus privilegios mientras vuelven a la sociedad contra quienes de verdad les sirven. Mientras, hablan de política social y derechos sociales. Qué indecente.

Fuente: 20 minutos

Animados por sus asociaciones sectoriales, cientos de transportistas han decidido en las últimas semanas acudir a los tribunales de justicia para reclamar la devolución de las cantidades abonadas con anterioridad a 2006 en concepto de céntimo sanitario, un tributo cuya legalidad ha sido puesta en cuestión por la Comisión Europea.

Bruno Pérez - Madrid - 27/04/2009

Las seis comunidades autónomas (Madrid, Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Asturias) que han venido aplicando durante los últimos años el conocido como céntimo sanitario -Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), en terminología técnica- podrían verse obligadas a devolver una buena parte de los alrededor de 2.500 millones ingresados por este cauce desde que se aprobara en el año 2002.

Aconsejados por organizaciones sectoriales, cientos de empresas de transporte de viajeros y de mercancías han acudido en las últimas semanas a los tribunales de justicia para reclamar a la Administración la devolución de las cantidades abonadas con cargo a este tributo, cuya legalidad ha sido puesta en cuestión por la Comisión Europea, que ha exigido al Ejecutivo español su eliminación en varias ocasiones.

Las reclamaciones están siendo tramitadas ante los tribunales económico administrativos por el bufete Díaz-Bastien & Truan y tratan de evitar que prescriba el derecho a recuperar los pagos realizados durante 2005.

‘El derecho a exigir devolución de los potenciales afectados por la aplicación de este impuesto prescribe a los cuatro años, por lo que ya no se pueden reclamar las cantidades abonadas durante 2004 ni durante el primer trimestre de 2005 (el impuesto se devenga con periodicidad trimestral)’, explica Antonio Martínez, abogado del bufete. ‘Las reclamaciones que estamos tramitando protegen el derecho a devolución de nuestros representados en el caso de que, finalmente, la Comisión Europea declare ilegal el céntimo sanitario’.

Cientos de millones

De momento, las dos principales federaciones sectoriales del ámbito del transporte de viajeros, Fenebús y Asintra, ya han recomendado a sus asociados que exijan las cantidades correspondiente al ejercicio fiscal de 2005 y, según el bufete, hay empresas del ámbito del transporte de mercancías que también están interesadas en reclamar.

No es para menos, ya que están en juego cientos de millones de euros. Desde que el Gobierno de José María Aznar decidiera activar esta nueva figura impositiva en el año 2002 para incrementar los flujos de ingresos de las comunidades autónomas para financiar el sistema sanitario, los recursos obtenidos por esta vía han superado los 3.500 millones de euros.

No todas las autonomías se han beneficiado por igual y ello ha sido así porque el impuesto se compone de un tramo estatal -que grava con 4,8 céntimos cada litro de combustible- cuya recaudación se entrega a las arcas regionales y uno autonómico, de naturaleza variable y voluntaria, cuya cuantía puede oscilar entre un céntimo y 2,4. Éste sólo ha sido aplicado por seis gobiernos regionales y en diversa cuantía, aunque finalmente la mayoría (todas, salvo Madrid) han optado por establecer la cuantía máxima.

Según los datos oficiales del Ministerio de Economía y Hacienda, el tramo autonómico del impuesto genera unos ingresos anuales en torno a los 500 millones de euros en las seis autonomías que lo aplican, de los cuales, según las estimaciones realizadas por Fenadismer, una de las patronales del transporte de mercancías, un 70% se corresponden a pagos efectuados por profesionales del transporte. Bajo esta premisa, y dado que el impuesto ha generado unos 3.500 millones desde su puesto en marcha, las empresas de transporte podrían llegar a reclamar una cantidad superior a los 2.500 millones de euros a la Administración.

El Gobierno, por su parte, confía en que el conflicto con Europa no dará lugar a tal caso. ‘Estamos negociando con Bruselas y esperamos llegar a un acuerdo que respete la competencia autonómica en este campo’, señalan fuentes del Ministerio de Economía.

Las dudas de Bruselas

Bruselas considera ilegal el céntimo sanitario por dos motivos. El primero es que fija un gravamen adicional a un producto, el combustible, cuya tributación está armonizada en la UE. El segundo, porque sospecha que no es más que una excusa para dar más recursos a las CC AA.

Las cifras

• 6 comunidades han decidido aplicar el céntimo sanitario desde que se aprobó en el año 2002, durante el Gobierno de José María Aznar.
• 2,4 son los céntimos por litro con que el impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos permite gravar el carburante.
• 500 millones de euros anuales ingresan las comunidades autónomas que aplican la tasa.

Fuente: Cinco Días

EFE , Madrid | 28/04/2009

UGT ha presentado más de mil demandas contra la política de personal de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Estas demandas responden a "la negativa sistemática del consejero de Sanidad, Juan José Güemes, a reconocer el derecho del personal temporal de la Consejería de Sanidad, a cobrar trienios por cada tres años de antigüedad", según un comunicado.

Esta actitud "no ha dejado más alternativa a la Federación de Servicios Públicos (FSP) de la UGT de Madrid que iniciar una campaña judicial, a efectos de buscar protección y reconocimiento de lo que es un derecho desde la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público, hace ahora 2 años".

La entrada en vigor de Estatuto Básico del Empleado Público el 14 de mayo de 2007, "supuso corregir una discriminación histórica del personal temporal respecto del fijo, en el derecho a percibir antigüedad (trienios) por cada tres años de servicio".

Según el sindicato, la temporalidad en la Consejería de Sanidad tiene una tasa del 30% de su plantilla, aproximadamente 18.000 profesionales.

La campaña de la FSP-UGT de Madrid alcanza 1.045 demandas, con una reclamación media de 400 euros año.

La FSP-UGT de Madrid, ya dispone de las 7 primeras sentencias favorables, en las que se reconoce al personal temporal de Sanidad el derecho a cobrar trienios desde el 14 de mayo de 2007.

"El Estatuto Básico del Empleado Público, establece criterios generales, aplicables al conjunto del las relaciones de empleo público. El EBEP también se aplica al personal estatutario", reconocen los jueces, según el comunicado.

Sin embargo, la Comunidad reconoce de oficio los trienios al personal funcionario interino, lo que, a juicio de UGT, "significa que a unos sí y a otros no".

FSP-UGT de Madrid considera "absurda, ridícula e irresponsable, una actitud política que fuerza a recurrir masivamente a la justicia, de por sí ya colapsada, y que puede costar 900.000 euros al presupuesto público si los jueces condenan a la Comunidad de Madrid a abonar intereses por mora".

Fuente: ADN   visto en Apiscam

Fuente:Europapress

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de madrid, Ana Sánchez, se reunió hoy con las organizaciones médicas que componen la Mesa Sectorial de Sanidad en la Comunidad para explicar los protocolos que deben seguir los médicos a domicilio que acudan a visitar a los posibles afectados por la gripe porcina, informó hoy la Federación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (FEMYTS).

   El objetivo de la viceconsejera era solicitar la colaboración de FEMYTS y otras organizaciones para trasladar a los médicos que se desplazan a los domicilios por avisos relacionados con el virus AH1N1 cómo deben actuar.

   Los médicos explican en un comunicado que les ha dicho que se deben mantener las medidas de precaución estándar de contacto y de transmisión respiratoria por gotas, que la protección de las mucosas nasofaríngea y conjuntiva y la higiene de manos son los dos elementos claves para el control de la infección y que antes de entrar en una habitación o un área con pacientes sospechosos o confirmados de infección humana por gripe porcina debe ponerse el equipo de protección personal (EPP) que incluye bata, guantes, mascarilla y gafas o protector facial.

   Asimismo, en el caso de que un médico que atiende en el domicilio estima que el paciente puede estar afectado de gripe porcina derivará al mismo al Hospital Carlos III (único de la Comunidad de Madrid que atenderá estos casos) y que dado que el SUMMA 112 durante el horario diurno dispone de menos recursos por que los avisos a domicilio habituales los realizan los médicos de familia del centro de salud correspondiente.

   Además, les han comunicado que en caso de aumentar la demanda de visitas a pacientes con sospecha de gripe porcina, los llevarían a cabo dichos médicos de familia a los que se proveería del equipo EPP necesario.

  "La situación no es en absoluto alarmante y se puede transmitir a la población un mensaje de tranquilidad, puesto que en el caso improbable de pandemia se dispone de los profesionales, los recursos y la infraestructura necesaria para controlarla", indica FEMYTS en un comunicado, en el que critica que la Consejería de Sanidad suprimiera el año pasado la Dirección General de Salud Pública, órgano que en otras comunidades y en el propio Ministerio de Sanidad se encarga de todo lo referente a la salud colectiva, epidemias y pandemias.

   Desde el punto de vista de FEMYTS, la Consejería no ha hecho suficiente hincapié en difundir el mensaje de que se debe llamar al 112 y no acudir en los hospitales en caso de notar posibles síntomas de gripe porcina.

Fuente: Europapress